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A la fuerza y con las armas, Maduro censura a la Asamblea Nacional

Por Marco Antonio Ruiz
Periodista

Durante cinco semanas, y con el uso de la fuerza, la Guardia Nacional le ha negado a los periodistas cubrir de primera mano los actos de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, a los venezolanos poder conocerlos y ejercer control sobre ellos. Frente a la ausencia de razón, Nicolás Maduro ha dispuesto las armas para mantener a distancia a los medios de comunicación y silenciar – cree él – los debates y decisiones del Legislativo.

Atrás habían quedado los días en que, valiéndose de la mayoría circunstancial que terminaron perdiendo, Cilia Flores y Diosdado Cabello convirtieron la Asamblea Nacional en un agujero negro desde el que se manipulaban las leyes para convalidar un sistema totalitario, alejado de la Constitución. Esto ocurrió de espaldas al país que, el 6 de diciembre de 2015 – cuando se cumplían 17 años de la primera elección de Hugo Chávez – votó de manera inequívoca y mayoritaria para que se fueran. Con ellos, se iban también la opacidad, los atropellos contra periodistas, los debates y decisiones entre gallos de medianoche y la marcha hacia un modelo personalista y corrupto que hoy todos desprecian.

La restricción impuesta por Maduro y ejecutada por los de verde, viola la dimensión individual del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y su dimensión colectiva, con relación a la sociedad, que no puede acceder de forma regular a los debates de la Asamblea Nacional.

Ambas dimensiones deben garantizarse simultáneamente en forma plena y el Estado tiene la obligación de velar por el disfrute y desarrollo de los ciudadanos en la obtención de información, sin trabas innecesarias.

El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información están consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo están también en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que goza de rango constitucional de acuerdo al artículo 23 de la misma Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Los funcionarios de la Guardia Nacional alegan estar cumpliendo órdenes superiores, sin embargo, no consta en ningún documento escrito la naturaleza, motivación y propósito de estas órdenes. Aunque inaceptable por arbitraria e ilegal, es una decisión que responde a la lógica de quien tiene en la verdad un enemigo. A la lógica de quien se sabe amenazado por la razón y por la justicia. A la lógica de quien ha perdido el apoyo de los que antes le eran fieles.

«En los cuarteles hay muchos que quieren un cambio» dijo el 30 de abril el mayor Ilich Sánchez. Ese día dejó el Destacamento 432 y su responsabilidad al frente de la seguridad del Palacio Federal Legislativo para pasarse a las filas de los demócratas, de los que trabajan por un cambio. Apareció junto al presidente encargado de la república, Juan Guaidó. Al martes siguiente ya nadie pudo entrar a la Asamblea y el mayor Leonardo Malaguera ocupó el puesto de Sánchez. Sus breves apariciones, que revelan la hostilidad de su trato, los gritos y las amenazas en contra de periodistas y diputados, podrían dar cuenta del «casting» que hizo Maduro para escoger al nuevo jefe de seguridad del Parlamento, luego de saberse traicionado.

Todos los actos del Estado y de sus funcionarios deben estar sujetos a un escrutinio riguroso de la prensa y la opinión pública. Aún más en el caso de la fuente parlamentaria en función de su importancia. Maduro perdió la razón y le queda la violencia para mantenerse en el poder. Pero ni por el miedo que dan las armas, la verdad será callada: ni la verdad que semana a semana se dice en el Parlamento ni la que a diario viven y gritan los venezolanos.

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